El gremio de empresarios agrícolas rechazó la intervención de más de 30 fincas del Valle del Turbio y exigió a través de un comunicado dirigido al Gobierno el respeto a la Constitución y los derechos humanos.
En el documento explican que la Constitución no otorga facultades a ningún organismo del Estado para que ocupe de forma previa bienes objeto de expropiación. No obstante, Fedeagro señala que la ocupación de las tierras del Valle del Turbio por los militares atenta en contra del artículo 115 de la Carta Magna.
Así mismo, dejan claro en el documento que el Valle del Turbio genera cuatro mil empleos directos y 12 mil indirectos; no albergan latifundios y algunos de los productores de la zona han permanecido allí desde hace dos siglos.
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