El presidente Alvaro Uribe sonrió y se mostró tranquilo al comentar sobre una resolución de un juzgado pronvincial que ordenó su arresto de tres días por desacato a un fallo laboral.
“Hay que someternos a todas las instancias judiciales”, dijo Uribe a periodistas en la casa de gobierno. “En el estado de leyes todo es posible… aquí todos estamos sometidos a la ley”, agregó.
El fallo deberá ser revisado por la Corte Suprema de Justicia, que tiene al menos 20 días para decidir el caso.
Según la Constitución, un jefe de estado colombiano sólo puede ser investigado por el congreso y sancionado por el Senado por lo que muchos dan por descontada la anulación del veredicto.
La medida de arresto fue dictada el jueves por el Tribunal Superior de Sincelejo, la cabecera del departamento de Sucre a unos 535 kilómetros al noroeste de Bogotá, pero fue de conocimiento público solamente este miércoles.
Temprano, el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, la calificó de “extravagante” y de “desafuero”.
El juez Gustavo Lions, uno de los firmantes del pedido de arresto, explicó en la emisora RCN que aunque el hecho llegó recién hoy a la prensa, la decisión ya había sido informada a todos los afectados.
“Hay que impugnar esa decisión tan extravagante y que un juez (superior) la revoque”, agregó Orozco a RCN.
El juzgado de Sincelejo consideró que Uribe y también sus ministros del Interior, Fabio Valencia, y el de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, desacataron un fallo de febrero ordenando al estado aumentar los salarios de 148 trabajadores judiciales de Sincelejo.
“Ese fallo (de febrero) se comunicó a las entidades públicas encargadas de darles cumplimiento (sobre el ajuste salarial), entre ellos el presidente de la república, e hicieron caso omiso”, dijo Lions.
“Entonces la sanción que se impone de tres días de arresto es por el desacato” al fallo que dictaminó que los sueldos debían ser ajustados a un nivel que se negocie entre trabajadores y gobierno, explicó el juez a la emisora.
El abogado constitucionalista y comentarista de prensa, Juan Manuel Charry, explicó que como el mismo fuero que protege al presidente es el que ampara a los 23 magistrados de la Corte, éstos decidirían contra esa decisión del juzgado de Sincelejo.
“Las sanciones por desacato siempre van al superior (o instancia por encima de otro tribunal), en este caso la Corte Suprema, para ser revisadas y la Corte sabe cuál es el fuero del presidente”, dijo Charry.
(via – El nacional)
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