Un fiscal decidió el miércoles procesar a 10 militares activos del ejército por su presunta responsabilidad en la masacre de ocho personas, entre ellas tres niños, de una zona del noroeste del país en 2005.
El fiscal Nelson Casas, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, concluyó que había las pruebas suficientes para acusar por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir agravado, al teniente coronel Orlando Espinoza, al mayor José Fernando Castaño y a ocho militares más.
Los militares se encontrarían en sus unidades, bajo arresto castrense, a la espera de las decisiones judiciales.
Según la acusación, el 21 de febrero de 2005, en connivencia con grupos paramilitares, los uniformados asesinaron a ocho personas en comunidades del municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia y a 450 kilómetros al noroeste de Bogotá.
El anuncio de la acusación contra los 10 militares fue hecho a los periodistas por el fiscal general, Mario Iguarán, en la sede principal de la Fiscalía.
Iguarán señaló que de acuerdo con los investigadores judiciales, miembros de una unidad paramilitar “sirvieron de guías a las tropas regulares” que desarrollaban operaciones en el área de Apartadó.
Los acusados son supuestos responsables, en calidad de coautores, de los delitos de homicidio y concierto para delinquir, dijo la Fiscalía.
Los 10 militares llamados a juicio están activos. Uno más, el subteniente Jorge Humberto Milanés, también acusado, fue retirado del servicio activo, de acuerdo con la Fiscalía.
El grupo de militares estaba adscrito a un batallón de infantería de la Brigada XVII del ejército, con sede en la población, de Carepa, en Antioquia.
La investigación de la Fiscalía tuvo como piedra angular la declaración del capitán del ejército Guillermo Armando Gordillo, quien les contó a los investigadores todas las irregularidades en que incurrieron los militares para perpetrar la masacre.
La declaración de Gordillo fue corroborada por tres paramilitares que confesaron haber participado en la masacre, indicó la Fiscalía.
La decisión judicial por el caso de Apartadó se registra en momentos en que el ejército está sacudido por una serie de escándalos que lo comprometen con ejecuciones extrajudiciales de personas a las que después presentan como guerrilleras muertos en combates.
-El Nacional / AP
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