
El Procurador del estado Miranda, Rafael Guzmán, denunció ante la Fiscalía General de la República la toma de las instalaciones de la Planta de Asfalto Francisco de Miranda, ubicada en Valles del Tuy, por parte de personas que no son funcionarios de la Gobernación de la entidad.
Señaló que desde que se revocó el contrato de comodato que existía con Pdvsa Servicios, el pasado 3 de febrero, el gobierno mirandino no ha podido disponer de los bienes y las maquinarias que allí se encuentran.
Guzmán, amparado en el Código Penal, denunció la apropiación indebida y el deterioro que está sufriendo la mencionada planta, así como la violación a la Ley Anticorrupción por parte de Jesús Figueroa, gerente General de Pdvsa Servicios, quien suscribió el comodato.
“Ya han trascurrido 32 días y no han desocupado, aun cuando fueron notificados formalmente de la medida no hemos tenido respuesta y ya agotamos todos los tipos de comunicaciones. Nos dirigimos a Maturín a notificar a Pdvsa servicio e igual se hizo en las oficinas en Caracas”, dijo Guzmán.
“Desde el 1ro de octubre de 2008, la planta había pasado a manos de Pdvsa Servicios, por medio de un comodato (préstamo de uso a título gratuito) suscrito de forma privada, sin conocimiento del Consejo Legislativo de Miranda, y a partir de ese momento la planta ha estado parada, cuando tiene una capacidad de producción de 700 toneladas diaria de asfalto y en la actualidad no está produciendo ni un solo kilo”, explicó.
El Procurador del estado Miranda resaltó que el pasado 13 de febrero, cuando una delegación de la Gobernación intentó ejecutar la resolución de la entrega material de la Planta de Asfalto se encontraron con que el lugar se mantiene custodiado militarmente, con efectivos que se identificaron como de la Reserva.
El Procurador solicitó al Ministerio Publico se realicen las averiguaciones correspondientes, puesto que asegura que cada día que pasa es un tiempo que la población mirandina está perdiendo y dejando de percibir las inversiones que le corresponde en materia de vialidad e infraestructura, “estamos hablando de mas de 30 millardos de bolívares invertido por el estado Miranda, con dinero de los mirandinos”.
Denuncias sin respuestas
Rafael Guzmán indicó que su despacho ha presentado varias denuncias, pero que no ha sido posible que se canalicen, “como todo en este país, que obstaculizan a las personas que queremos hacer nuestro trabajo”, manifestó.
“Hace un mes presentamos a la Fiscalía General de la República, el caso de la invasiones a las Casas del Poder Comunal de Miranda y no ha pasado nada. A finales del año pasado introdujimos ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo contra el secuestro de los hospitales y hasta la fecha no hemos tenido respuesta”.
Sin embargo, el vienes pasado el Instituto Nacional de Transporte Terrestre interpuso ante el máximo juzgado un amparo en contra de una medida de la Gobernación de Miranda para implementar el plan Pico y Placa y ese mismo día es admitida la medida, apuntó Guzmán.
-Globovisión.

