El anuncio de la donación de la isla Petty, propiedad de Citgo, al gobierno del estado de New Jersey, en Estados Unidos, se inscribe en la línea de la normalización de las relaciones bilaterales, pero de cara al país suma más elementos a la idea de que el presidente Hugo Chávez maneja a capricho los bienes de la república.
En la Cumbre de las Américas el mandatario venezolano anunció que la isla de 80 hectáreas, valorada en 9,7 millones de dólares, será donada a New Jersey para desarrollar proyectos ecológicos, un reclamo que desde hace décadas vienen haciendo sectores ambientalistas de esa ciudad.
Si bien la operación podría pensarse que supone un manejo irregular de acuerdo con la ley venezolana, al tratarse de un activo de la compañía anónima Citgo (filial de Petróleo de Venezuela, que es su principal accionista), que paga impuestos municipales en EE UU, lo que rige es el derecho interno de Estados Unidos.
Siendo así, explica el internacionalista Carlos Romero, “Chávez no tiene derechos sobre la isleta porque pertenece a una empresa privada, no puede disponer de esa propiedad; la decisión política está clara, pero desde el punto de vista formal él no tiene jurisdicción, no es un bien de la república, sino propiedad de Citgo”.
Romero cree que la donación tiene un doble sentido: acallar la campaña política que han desatado contra Citgo sectores ambientalistas de New Jersey, y normalizar las relaciones con Washington.
El anuncio presidencial ha sorprendido a muchos, y uno de ellos es el diputado Juan José Molina (Podemos), quien cree que el Presidente le debe una explicación al país sobre este particular. “Se trata de un activo de Citgo, por lo tanto no aplica el trámite ni las exigencias que tendría una donación de un Estado a otro. Si la directiva de la compañía quiere donarla por orden del Presidente no habría problema, pero lo que uno ve es la manera dispendiosa en que se maneja Chávez, a quien no le importa perder 20 millones de dólares que pudieron haber resuelto algunas necesidades de los venezolanos”, declaró.
Fernando Ochoa Antich, ex ministro de Relaciones Exteriores en 1992, coincide con la angustia planteada por Molina: “aunque la isla sea propiedad de una empresa privada, eso no quiere decir que quien maneja los intereses del país pueda decidir sobre el destino de propiedad de una manera tan libre, debería someterlo a algún procedimiento legal (interno). El Presidente no se pone ningún límite legal ni político, se maneja como el dueño del país”.
Ochoa se pregunta si de la misma forma se negocia el diferendo limítrofe en el golfo de Venezuela. “Eso es algo absolutamente desconocido, y los intereses de los países son fríos, no actúan de manera romántica. Cuando hay este tipo de negociación siempre hay un objetivo político. Chávez busca acercarse a Obama y no quiere una relación tan conflictiva, porque Obama como enemigo es muy fuerte, por su grado de popularidad y aceptación mundial”.
Asdrúbal Aguiar, catedrático y experto en Derecho Internacional, antiguo miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pregunta si una donación como la planteada hace parte de las gestiones ordinarias de Citgo, o requiere autorización de la asamblea de accionistas, donde el ministro de Energía y Petróleo lleva la voz y el voto del gobierno.
Aguiar recuerda que entre las funciones de la Asamblea Nacional está la de “autorizar al Ejecutivo nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la nación” (numeral 11, artículo 187, Constitución). Y explica: “Los bienes del dominio público no se venden nunca sin la autorización de la Asamblea, pero los privados sí, y los que estén a nombre de la nación. El problema radica en que Chávez regala el patrimonio público para actividades personales, y eso es fraude a sus deberes constitucionales”.
Una de las funciones constitucionales del Presidente es la administración de la hacienda pública nacional, que según Aguiar se traduce en la protección de los bienes públicos y privados que están en manos del país. “Parece, de cara a la Constitución, más un tema de salvaguarda, con independencia de las leyes americanas, porque el accionista tiene el deber de velar por el sostenimiento y el valor patrimonial de la compañía, y todas las operaciones deben regirse por el criterio empresarial del máximo beneficio”.
-El Nacional
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