El presidente Evo Morales se reunió ayer con cinco prefectos, dirigentes sindicales, militares, políticos oficialistas y el sector empresarial para asumir un “pacto contra el terrorismo”, tras desarticular a una banda de supuestos mercenarios que habría planeado atentar contra su vida y separar una rica provincia de Bolivia.
“Es muy preocupante cuando que estos extranjeros planificaban dividir Bolivia, si alguna persona en Bolivia estaba infiltrado con este grupo, si tienen algo de dignidad, se tiene que defender en la justicia boliviana pero no tienen derecho a usar su institución para camuflarse en su institución, en su departamento”, dijo Morales al iniciar el encuentro sin la presencia de cuatro prefectos y dirigentes opositores, informó AP.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien dirigió la reunión, declaró que se necesita “convencer a quienes no están convencidos de que la patria esta por encima de cualquier interés… Necesitamos convencer a todos aquellos que quieren alzarse en armas que primero está la unidad del país”, explicó.
También afirmó que el gobierno proyecta un decreto para confiscar bienes de personas que se involucren en “terrorismo” e invitó a una próxima reunión pero no dio a conocer el día.
Poco después, se propuso llamar a una marcha en rechazo a movimientos “terroristas”, reforzar la seguridad en las fronteras, realizar una investigación imparcial sobre el caso y otros.
Gabriel Dabduob, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia mencionó en su intervención que para que haya un verdadero acuerdo se debe tomar en cuenta a todos los representantes a nivel nacional.
“Lamentablemente en este caso se ha cometido muchos errores, hoy creemos que tiene que haber responsables, el pueblo esta cansado de ver polarización, no queremos incertidumbre entre sectores”, añadió.
Mientras, líderes cívicos autonomistas de la provincia oriental de Santa Cruz se declararon “en emergencia” ante lo que consideran una persecución, después que un fiscal involucró al gobernador Rubén Costas, algunos empresarios y líderes opositores con la banda desbaratada el 16 de abril.
En una declaración aprobada el martes en la noche, el Comité Cívico de Santa Cruz resolvió “condenar la actitud del gobierno nacional de amedrentar a los líderes autonomistas” y anunciaron la creación de una organización para la defensa legal de los sospechosos.
-El Universal.
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