El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció que objetará una ley de reparación para las víctimas de actos violentos en el marco del conflicto armado interno.
Esto, debido a que contiene una norma sobre la responsabilidad de agentes estatales que no le gusta al gobierno.
El Congreso aprobó el martes la llamada Ley de Víctimas, con el objetivo de que las personas que hayan sido afectadas por acciones de guerrilleros, paramilitares o miembros de las Fuerzas Armadas reciban indemnizaciones.
En el caso de las acciones atribuidas a los agentes estatales, la ley inicialmente contemplaba una reparación pero sólo después de que los jueces condenaran a los responsables, lo que fue catalogado por asociaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos como una “discriminación”, pues esa norma no fue establecida en casos que involucran a guerrilleros y paramilitares.
Sin embargo, una Comisión de Conciliación que unificó este miércoles los textos aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes eliminó ese punto, a fin de que las indemnizaciones se puedan entregar sin una previa condena en contra de los militares. La decisión debe ser votada ahora en sesiones plenarias de ambas corporaciones.
Uribe se mostró en desacuerdo frente a este nuevo panorama y dijo que el gobierno no respalda la aprobación del texto, con el argumento de que las reparaciones por actos violentos cometidos por agentes oficiales resultarán onerosas para el Estado.
Según Uribe, las reparaciones que tendrá que pagar el Estado con la nueva modificación ascenderían a 80 billones de pesos (unos 38.200 millones de dólares), mientras que el costo sería de 22 billones (10.500 millones de dólares) de acuerdo con el mecanismo que apoya el gobierno.
El gobierno no sólo tiene en cuenta consideraciones de tipo económico, pues también afirma que no se debe poner en el mismo nivel las acciones de la fuerza pública con las de actores ilegales como guerrilleros y paramilitares.
“La versión que el gobierno ha aprobado de la Ley de Víctimas le cuesta 22 billones de pesos al país en los años que viene. Aquella que no podemos aprobar costaría 80 billones y, además, les daría el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado y a las víctimas de grupos terroristas”, dijo Uribe.
El trámite final de la ley coincidió con un escándalo que se presenta desde septiembre del año pasado por la desaparición y muerte de unos 20 jóvenes de la población de Soacha, contigua a Bogotá, en un posible caso de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares.
La Fiscalía General ha involucrado a cerca de 50 militares y sus investigadores afirman que dentro del Ejército opera una red dedicada a buscar a jóvenes humildes para usarlos como “carne de cañón”, con el objetivo de ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros.
Las investigaciones apuntan a que los autores de los crímenes buscaban el reconocimiento de sus superiores y ganar “premios” como días de descanso por mostrar “un buen récord” en la baja de supuestos guerrilleros.
Según el fiscal general, Mario Iguarán, más de 400 militares han sido procesados durante el último año y medio por casos de ejecuciones extrajudiciales.
-Cadena Global
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