La presencia de la Sociedad Interamericana de Prensa en Caracas reaviva la polémica sobre la libertad de expresión en nuestro país. Y es obvio que a esa organización, con una historia de más sombras que luces, no le corresponde la misión de pontificar en defensa de unos principios que muchos de sus socios, tanto en Venezuela como en el Continente, irrespetan, o cuando menos los ignoran.
En su reunión, la SIP se ha ocupado principalmente de fijar posición en defensa de la libertad de expresión en Venezuela, Ecuador y Bolivia. El dejar expresamente fuera lo que ocurre con la prensa en Honduras deja en evidencia el doble rasero de este organismo empresarial. La libertad de expresión preocupa cuando la amenaza o la limita un adversario, pero nunca cuando ese principio es víctima de las acciones u omisiones de un asociado, o de algún gobierno “amigo”, parece seguir siendo la máxima de una organización que no ha hecho el necesario deslinde con su historia como para que los ciudadanos de América Latina asuman que su comportamiento obedece a una real intención de preservar los derechos comunicacionales de las grandes mayorías.
Por eso no se le debe transferir a esa organización empresarial una misión de tanta trascendencia como la defensa de la libertad de expresión. La SIP, queridos amigos, sigue siendo parte del problema, aunque en su discurso puedan encontrarse elementos que pongan de relieve algunos de los problemas que tenemos en la Venezuela de hoy. Cuando sus integrantes han estado asociados al poder político, e incluso han sido parte de éste, quedan en evidencia a la hora de sobreponer sus intereses por encima de la libertad de expresión y de la verdad. El hecho de que hoy tengamos severas críticas a la gestión gubernamental en general, y en particular en el ámbito comunicacional, no nos puede llevar a creer que las acciones o las declaraciones de la SIP estén “preñadas de buenas intenciones”, y que ahora todo lo que diga y cómo lo diga es santa palabra.
La SIP interpreta, obviamente, a uno de los dos polos principales en los cuales está dividida hoy la sociedad latinoamericana, y particularmente la venezolana. Esta organización ha evitado evaluar críticamente el papel de algunos medios privados, y ello debilita cualquier posición que asuma para denunciar la conducta del Gobierno venezolano. O del boliviano. Y no digo el de Honduras, porque apenas hubo un saludo a la bandera para “denunciar” en voz baja y tardía el golpe de Estado. Y menos me refiero al de Colombia, porque el no incluir a ese país entre los casos por analizar en la cita de Caracas, como uno de los que preocupan por violaciones de la libertad de expresión y por el peligro que implica el ejercicio periodístico, queda al descubierto la debilidad “uribista” de la SIP.
En nuestro país hay razones para estar preocupados por la libertad de expresión. Es cierto. Los medios del Estado están hoy más controlados que nunca. No hay espacio para la crítica, aunque esta surja de sectores afines al Gobierno. Los ataques a periodistas, como ocurrió con los colegas de Ultimas Noticias, van de la mano con la impunidad. Y no se ve por ninguna parte la democratización del espectro radioeléctrico, sino el peligro de que buena parte de las emisoras radiales sacadas del aire vaya a parar a manos de incondicionales, públicos o privados. Todo eso está ocurriendo.
Que la SIP lo denuncie no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario sería que las solidaridades o los odios automáticos no sigan impregnando de oportunismo y de dobles discursos la búsqueda, en serio, de un estado de cosas en el cual los verdugos de la libertad de expresión de uno u otro bando no sigan hablando en su nombre y actuando en detrimento de ella.
- El Nacional
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