El Colegio de Abogados de Caracas pedirá al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del decreto del Instituto de Patrimonio Cultural que declara como bienes de interés cultural 1.216 inmuebles del municipio Libertador. El gremio considera que esa disposición, más que salvaguardar el legado arquitectónico de la ciudad, lo que busca es limitar el derecho a la propiedad de los dueños de las infraestructuras.
La organización enviará en breve comunicaciones al IPC para pedir explicaciones sobre los motivos por los cuáles se seleccionaron esas propiedades, entre las que se incluye la sede del ente colegiado.
Posteriormente, aunque no anunciaron una fecha, pedirán la anulación.
“Una comisión, con la firma de los afectados, se va a dirigir a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia (a las salas Contencioso Administrativo y Constitucional), para pedir la nulidad de un decreto que a todas luces es inconstitucional e ilegal”, dijo Gustavo Briceño, presidente del tribunal disciplinario del gremio.
La principal objeción es que la resolución ordena a los propietarios de los bienes solicitar la autorización del IPC en caso de que quieran venderlos, pero consideran que sólo procede la notificar al organismo; no dejar en sus manos la decisión de si pueden o no vender. “A los notarios se les exige que no registren ninguno de esos inmuebles, si no hay autorización del Instituto de Patrimonio Cultural. Esa regla no es aplicable a los bienes de interés cultural, sino sólo a los monumentos nacionales”, manifestó Yvett Lugo, presidenta del colegio.
Acotaron que la medida contraviene el artículo 24 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, el cual indica que la resolución debe ser notificada a los propietarios, pero en la práctica la mayoría de los vecinos se ha enterado por la prensa o por terceros, y no por un funcionario.
Alegaron que detrás de esta medida se esconde la intención del Ejecutivo de restringir el derecho de la propiedad privada. “Este Estado, que tiene un tinte comunista, está sembrando las bases para apropiarse de los bienes de todos los ciudadanos”, opinó Lugo.
En el IPC prefirieron no responder de inmediato a las objeciones del gremio.
- El Nacional
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