Las cementeras tienen hasta año nuevo de diciembre para transferir al Estado, por lo mínimo, el 60 por ciento de sus acciones, de acuerdo al decreto de nacionalización publicado hoy en la Gaceta Oficial.

Los accionistas de esas empresas tienen un plazo de 60 días para aclarar los términos de “su posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado”. De no hacerlo, se las quitan y ya. La publicación de la norma se produce tres días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó que el sector cementero tiene que ser controlado, “con exclusividad”, por el Estado. Capitalismo de Estado, que llaman.

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