Fraude (pirámides) en Colombia lleva a tomar medidas especiales
17 Noviembre de 2008 por Sala de Prensa - 10:49 am
El gobierno de Colombia estudia declarar estado de emergencia económica para manejar la crisis social causada por las oficinas que captan dinero ilegalmente, conocidas como “pirámides”, que defraudaron a miles de ahorradores, informó una fuente oficial.
El equipo jurídico de la Presidencia ya estudió la posibilidad de decretar el estado especial, que está previsto por la Constitución para permitir al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa en casos especiales por un plazo inicial de 30 días, aseguró la fuente oficial, reveló Efe.
El presidente Álvaro Uribe ha tenido varias reuniones con sus asesores desde el viernes y se espera que en las próximas horas adopte la decisión de declarar la emergencia, dijo la fuente.
“El interés del Gobierno es garantizar que los ahorradores recuperen su dinero”, indicó la misma fuente, y añadió que se proyecta reformar las normas para tipificar como delito la captación de dinero por parte de empresas no autorizadas.
El fenómeno de las “pirámides” entró en crisis la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta 300%.
Según el Gobierno, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos depositados.
El pasado miércoles, se registraron disturbios en varias ciudades colombianas, en las que se decretó el toque de queda para contener las protestas, que dejaron dos muertos, mientras que un tercer ahorrador se suicidó.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, pidió a las autoridades que “colaboren para identificar dónde se hace esa captación” de dinero.
El presidente Uribe afirmó que las “pirámides” son parte de la “cultura mafiosa” y la ambición de ganancia fácil y rápida.
Por otra parte, 13 militares colombianos fueron destituidos por su presunta responsabilidad en la ejecución de siete jóvenes presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate.
Los implicados son cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados, según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y se suman a otros 27 militares destituidos el 29 de octubre por la muerte de 11 jóvenes que también fueron mostrados como irregulares “dados de baja”.
Este caso precipitó la renuncia del comandante del Ejército, general Mario Montoya. (via - El Universal)
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