Tanto la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, como la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Janeth Hernández, coinciden que la suerte de los 400 inhabilitados políticamente descansa en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien tendrá que decidir hasta donde llegan los derechos políticos de los inhabilitados.

Con todo, la defensora del pueblo invitó a analizar las causas por las cuales esas personas se encuentran en tal situación: “Ese debe ser el debate, porque a veces se colocan mediáticamente las cosas en blanco y negro, cuando se afirma que se vulneran los derechos políticos de estos funcionarios”.
Por su parte, Hernández reiteró las afirmaciones de la defensora del pueblo al afirmar que la lista del contralor Russián “no es una retaliación ni algo coyuntural, sino un trabajo que realiza a diario y que el CNE debe acatar” y agregó que los afectados son sujetos de diversas tendencias políticas, al punto de que en el estado Lara, la mayoría de los que aparecen en la lista son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela que aspiran a ser candidatos”.

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