SIP reclama a Nicaragua garantías para la libertad de expresión
28 Enero de 2009 por Sala de Prensa - 6:05 am
La SIP dijo que la reducción paulatina de espacios de libertad de expresión que se registra en Nicaragua se debe a la política de intolerancia generada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien viene demostrando que de la misma forma que hostiga a los medios de comunicación y periodistas independientes, coarta en forma sistemática el derecho de movilidad, asociación y expresión de los nicaragüenses.
Durante esta misión que encabezó el titular de la SIP, Enrique Santos Calderón, desde el domingo pasado en Managua, la organización se reunió con numerosos actores de la actualidad nicaragüense, entre ellos, representantes de partidos políticos; legisladores nacionales; magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Ministerio Público; dirigentes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, empresariales y periodísticas; directores de medios, periodistas y líderes de opinión.
La misión de la SIP lamenta que el presidente Ortega, así como legisladores y funcionarios del gobierno del Frente Sandinista hayan declinado reunirse con la delegación, compuesta por nueve periodistas provenientes de Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Honduras. A la SIP le interesaba escuchar los puntos de vista del presidente Ortega y comunicarle asimismo sus inquietudes en materia de libertad de prensa.
A última hora, este martes, el presidente Ortega se negó a recibir a la misión de la SIP, que consideró el desaire como una muestra del clima de intolerancia que propicia su gobierno, “lo que a diario se pone en evidencia en el trato con los medios de comunicación independientes a los que se les niega información, se los acosa mediante instrumentos legales y judiciales o se les discrimina con el otorgamiento de la publicidad oficial, medidas todas que propician la autocensura o callar directamente a quienes disienten del gobierno y tienen como misión social fiscalizar a los poderes públicos”.
La misión de la SIP hizo un llamado al presidente Ortega para que respete sus propias palabras cuando al firmar la Declaración de Chapultepec en 2001 – y previamente durante una asamblea de la organización en 1990 en la que anunció que derogaría leyes contrarias a la libertad de prensa – en plena campaña política, dijo: “Hemos entendido que para avanzar a la paz hay que rectificar esos errores, y con ese convencimiento, de que la rectificación es una necesidad, venimos a firmar esta declaración de Chapultepec”.
“Hoy más que nunca”, expresó Santos Calderón, “esperamos que pueda respetar esas palabras y los nicaragüenses puedan tener la certeza de que no serán perseguidos por lo que digan u opinen y de esa forma se respeten los derechos democráticos”.
La misión de la SIP, específicamente, celebró que la Fiscalía General de la República haya desestimado acusaciones criminales contra organizaciones no gubernamentales como CINCO, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y espera que el Ministerio de Gobernación no prosiga con represalias de orden administrativo que pudieran lesionar compromisos de donantes extranjeros que apoyan proyectos a favor de los ciudadanos nicaragüenses más allá de los gobiernos de turno.
Además, rescató el valor de los medios de comunicación y los periodistas independientes al no dejarse doblegar por las presiones, en el entendimiento que la prensa libre es una necesidad para el mantenimiento del orden democrático.
Santos Calderón, dijo el lunes al programa Esta Noche, del periodista Carlos Fernando Chamorro que “nos preocupa y nos inquieta el ambiente que se percibe, de pugnacidad entre el Gobierno y ciertos medios de comunicación…”.
“Los casos que hemos escuchado con periodistas nos dejan muy
inquietos en relación con si el futuro de la libertad de prensa
tiene un horizonte garantizado, si el Gobierno va a continuar con
su plan de agresividad contra los medios”, dijo.
Agregó que el gobierno “debe estar consciente de la situación” que califico de “grave” y que confiaba en que no se agravaría el problema.
A finales del 2008, el gobierno intervino el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), una organización no
gubernamental que dirige Chamorro, e incautó computadoras para
investigar supuesto lavado de dinero, lo que el periodista ha
rechazado.
El presidente Ortega en varias oportunidades ha señalado que los
medios críticos a su gobierno son “voceros de la oligarquía y del
imperialismo” que “conspiran” contra su régimen.
Bayardo Izabá, directivo del Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos, quien fue entrevistado por la SIP el martes, dijo a AP que su informe fue de que el país “está secuestrado por el pacto
político entre Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán”.
Entrevistado por la comisión de la SIP, el sacerdote y poeta,
Ernesto Cardenal, ex ministro de cultura de Ortega en los años 80 y ahora disidente sandinista, atribuyó el conflicto del gobierno con
la prensa y los disidentes a que “evidentemente estamos frente a
una dictadura de tipo familiar”.
Fue una alusión a Ortega y a la primera dama, Rosario Murillo,
secretaria de Comunicación y Ciudadanía, y que controla los
Consejos de Poder Ciudadano (CPC), una reedición de los Comités de Defensa Sandinista de los años 80 que realizaban labores de espionaje en los barrios.
En varios países
Santos dijo que la SIP ha observado un deterioro de la relación gobierno-medios, no sólo en Nicaragua, sino también en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Honduras.
El gobierno sandinista, sin embargo, aseguró que ha sido respetuoso de la libertad de expresión y que las acusaciones son parte de una “campaña mediática” de la oposición con apoyo externo.
La SIP también recibió quejas sobre las campañas de desprestigio que el gobierno promueve contra periodistas y medios críticos, como la actuación de la justicia que el año pasado dejó libre al asesino del periodista Carlos Guadamuz, un ex colaborador de Ortega que después se convirtió en su detractor.
Guadamuz fue ultimado a balazos en 2004 por un fanático sandinista que fue condenado a 21 años de prisión, pero luego fue liberado.
Según el diario La Prensa, la justicia también pretende liberar a un político que baleo en 2004 a su periodista María José Bravo.
Los delegados de la SIP informarán de los resultados de su gira antes de partir este martes de Nicaragua.
-El Tiempo (Colombia)
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